La impunidad del terrorismo de ultraderecha – En memoria de Arturo y Manuel Ruíz

En la primera semana de noviembre, el diario El País hizo público el paradero de uno de los terroristas de extrema derecha más buscados desde la Transición: el autor del disparo que acabó con la vida de Arturo Ruíz el 23 de enero de 1977. Después de décadas de lucha por esclarecer la verdad del asesinato de Arturo encabezada por su hermano Manuel Ruíz, el reportaje de El País es una pieza que vuelve a poner a las claras el carácter del aparato del Estado español y el gigantesco fraude social y político en que consistió la Transición.

El terrorismo de ultraderecha en la Transición

El asesinato de Arturo Ruíz García fue el primero de una serie de crímenes y atentados perpetrados por las bandas de ultraderecha, con la intención de frenar la lucha de la clase obrera contra los restos de la dictadura franquista, y que culminaron con el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha en la noche del 24 de enero.

Las bandas fascistas, como la Triple A y los Guerrilleros de Cristo Rey, vinculadas al aparato del Estado franquista y a la trama Gladio patrocinada por la OTAN en toda Europa Occidental, actuaron durante los años de la Transición con una impunidad prácticamente total, dejando a su paso buena parte de las más de cien víctimas de la tantas veces caracterizada como “pacífica” y “modélica” Transición. Además, la mayor parte de los asesinatos y demás hechos violentos de las bandas terroristas de ultraderecha quedan fuera del ámbito de la nueva Ley de Memoria Democrática, que limita su aplicación a los hechos acaecidos antes del 6 de diciembre de 1978, cuando fueron precisamente los años 1979, 1980 y 1981 los años de mayor actividad de estos grupos y en los que estos provocaron más víctimas mortales.

El objetivo de estos grupos, y de la trama Gladio en general, era crear un clima de violencia e inestabilidad política que terminara por provocar un golpe de estado militar. Los años finales de la Transición, con el reflujo del movimiento obrero y la agudización del conflicto nacional en Euskal Herria, fueron aprovechados por el terrorismo ultraderechista para redoblar su ofensiva ante el agotamiento de la lucha de masas. Después de que, finalmente, el golpe de estado tuviera lugar el 23 de febrero de 1981, el fracaso del mismo obligó al aparato del Estado a restringir la actividad de los grupos armados, ciñéndola casi exclusivamente a la lucha ilegal contra ETA en Euskal Herria, tanto bajo el gobierno de UCD como después bajo el del PSOE.

Un ejemplo de la impunidad y la protección de la que gozaron, y gozan, los pistoleros de ultraderecha es el caso de Emilio Hellín Moro, autor material del asesinato de la militante revolucionaria Yolanda González, cuya fuga en los 80 fue facilitada por el propio aparato del Estado y que, desde su definitiva puesta en libertad en 1996 ha trabajado como asesor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, posteriormente, como perito para los abogados de dirigentes políticos de la derecha catalana encausados por corrupción.

Además de los atentados selectivos, como los de los abogados de Atocha o Yolanda González, las bandas terroristas de ultraderecha colaboraron con los cuerpos represivos en la represión de las manifestaciones obreras y de izquierda. En una de estas manifestaciones, concretamente en una que reivindicaba la amnistía para los presos políticos, el 23 de enero de 1977, cayó asesinado por un pistolero fascista el estudiante granadino Arturo Ruíz García, simpatizante de la Joven Guardia Roja, la organización juvenil del maoísta Partido del Trabajo.

Por estos hechos fue detenido poco después Jorge Cesarsky, un conocido fascista argentino vinculado con Gladio, que estaba presente en la manifestación y que fue condenado a 6 años de prisión de los que sólo llegó a cumplir uno. Pero el autor material del asesinato de Arturo Ruíz no fue detenido ni juzgado.

Aparece en Argentina el asesino de Arturo Ruíz

José Ignacio Fernández Guaza, que así es como se llama el asesino confeso de Arturo Ruíz, fue localizado finalmente por los periodistas del diario El País José María Irujo y Joaquín Gil. Gracias a ellos hemos sabido que Fernández Guaza vive desde hace cuarenta y cuatro años, bajo una identidad falsa, en la República Argentina. El equipo de El País lo encontró en la localidad de Ingeniero Maschwitz, en la acomodada zona norte del Conurbano bonaerense.

Fernández Guaza, que sigue portando armas y esperando que alguien vaya a cobrarse venganza por sus crímenes, ha vivido todos estos años, según ha relatado él mismo a los reporteros de El País, bajo la protección de las fuerzas de seguridad españolas e internacionales, realizando trabajos, de los que no da detalles, para regímenes dictatoriales como los de la Junta Militar argentina o el de Stroessner en Paraguay.

Según relata el mismo Fernández Guaza a El País, fueron agentes de la Guardia Civil los que facilitaron su huida de España en 1977, contando con documentación falsa facilitada, según él mismo, por los “servicios de seguridad españoles”. Fernández Guaza se trasladó en primer lugar a Francia y de allí a la Argentina:

“La Guardia Civil me dijo que me fuera de España. […]. Elegí París porque allí tenía amigos de la CRS [fuerza de la Policía Nacional Francesa]. Eran gente que pertenecía a los servicios [de inteligencia]. La policía de todo el mundo arregla las cosas por detrás”.

Las relaciones de Fernández Guaza con los servicios secretos españoles no acabaron con su llegada a Buenos Aires:

“He tenido contacto con gente [de los servicios de información] de España. Ellos sabían que estaba en Argentina con un nombre falso. […] Yo formaba parte de la estructura”.

La estructura de la que habla Fernández Guaza es fácil de identificar, y ha sobrevivido a la propia dictadura franquista. Sobre su relación con los servicios de información internacionales da el propio Fernández Guaza un ejemplo interesante:

“Interpol me detectó en la frontera de Paraguay cuando mi orden de busca y captura todavía estaba activa. Me expliqué y llegué a un acuerdo”.

Y en lo que respecta al aparato del Estado español, éste intentó repescarlo todavía en 1979, con la Constitución y la Ley de Amnistía vigentes y con Suárez todavía en el gobierno. Una colaboración que Fernández Guaza dice haber rehusado.

En la segunda parte del reportaje de El País, publicada el 6 de noviembre, Fernández Guaza desvela que participó en operaciones secretas contra ETA en el sur de Francia. Según su testimonio, dichas acciones formaban parte de un operativo conjunto de los servicios secretos españoles y franceses.

«Cruzábamos la frontera [entre España y Francia] para buscar información y, también, para agarrar a algún muchacho de ETA. […] Yo siempre cobré muy bien. Soy muy bueno en mi trabajo. […] Nos pagaban en efectivo».

Estas declaraciones son una confirmación más de la estrecha relación entre las bandas terroristas de ultraderecha y los servicios secretos españoles, relación que arrancó ya en vida de Franco y que se prolongó hasta bien avanzados los años 80, entonces bajo las siglas GAL.

«La Dirección General de Seguridad sabía qué pasaba. […] Teníamos carta blanca. […] Nos acercábamos y matábamos como ellos. Nada de con un rifle con mira telescópica. […] También destruimos su aparato económico. Les volamos restaurantes y negocios».

Por supuesto, Guaza no se arrepiente de haber asesinado a Arturo Ruíz. Más allá de justificaciones, en sus palabras encontramos el odio de clase que los defensores más fanáticos y violentos del orden burgués profesan contra cualquiera que ose cuestionar su poder y sus privilegios. La impunidad de estos terroristas es un ejemplo de la naturaleza del pacto de la Transición y de las bases sobre las que se funda el régimen del 78.

En memoria de Manuel Ruíz

Poco después de revelarse el paradero del asesino de Arturo Ruíz, el 21 de noviembre, murió en Madrid su hermano menor Manuel Ruíz García. Durante décadas, Manuel ha mantenido una lucha sin cuartel por la memoria de su hermano y de todas las víctimas del terrorismo de estado de la Transición, siendo uno de los fundadores del Colectivo por los Olvidados de la Transición y uno de los impulsores de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Quienes conocieron de cerca a Manuel hablan de él como un huracán incansable, y él hizo gala de este carácter hasta el final de sus días.

Estando ya hospitalizado, en la fase final de su enfermedad, Manuel Ruíz concedió una entrevista al periódico del PCE Mundo Obrero en la que hizo un balance de sus años de lucha y plantea las lecciones que de ellos había extraído.

“No tengáis miedo en hablar de la transición, pero no de “la modélica transición”, de esa transición que todos sabemos que no existió. De la transición que fue un cambalache en que el Tribunal de Orden Público pasó a Audiencia Nacional y este tipo de cosas que al final nos llevan a que tengamos la judicatura que tenemos hoy, parte de la policía que tenemos hoy y, por supuesto, el Ejército.

“[…] yo con el Partido Comunista podría estar también muy dolido. El Partido Comunista fue uno de los firmantes de la ley de amnistía del 77. La gente joven del Partido Comunista no está de acuerdo y son de la idea de que hay de que derogarla o modificarla. Los viejos no. Siguen insistiendo que no se podía hacer otra cosa. Sí se podía hacer otra cosa, porque lo que no puedes hacer es que, porque haya un número de gente, que no era muy alto, que estaban en la cárcel, blindar a toda una dictadura de 40 años con la Ley de Amnistía del 77”.

El domingo 17 de diciembre, decenas de personas entre familiares, amigos y compañeros de lucha se citaron en el cementerio de Granada, en la tumba familiar de los Ruíz García, para rendir homenaje a los dos hermanos y a todas las víctimas del terrorismo de estado en la Transición. Desde la Corriente Marxista Internacional queremos sumarnos a ese homenaje empeñándonos, como Manuel Ruíz, en la defensa de la memoria de nuestra clase y en la lucha por un futuro socialista libre de violencia y de opresión.