La suspensión del derecho a voto de los acogidos a la “Ley de nietos”: Un atropello antidemocrático

Más de cuatro cientos mil españoles se han visto afectados por la decisión del Tribunal Supremo de prohibirles su derecho al voto tras el recurso presentado por las organizaciones ultraderechistas Iustitia Europa y Vox. Se trata de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida popularmente como la Ley de Nietos, que permitió a los descendientes de exiliados del franquismo solicitar la nacionalidad española. Esta contemplaba como exiliados a los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 por motivos políticos. Ahora, los autos del Tribunal Supremo plantean, en la práctica, obstáculos al ejercicio del derecho al voto de ciudadanos que ya han adquirido la nacionalidad española conforme al procedimiento legal establecido. Es decir, se cuestiona su derecho a voto, no su derecho a la nacionalidad.

La suspensión de un derecho fundamental a un número tan elevado de ciudadanos constituye una decisión sin precedentes y de una enorme trascendencia política y democrática. El Tribunal Supremo se adhiere así a la narrativa de la extrema derecha, según la cual el Gobierno habría diseñado una operación para favorecer un fraude electoral en las próximas elecciones. Esta acusación se basa en la idea de que la concesión de la nacionalidad española se habría realizado de forma indiscriminada e irregular a personas a las que se les presupone una orientación política progresista, sin aportar ninguna prueba que respalden esas acusaciones. Estas acusaciones no son nuevas. Ya vimos una campaña similar protagonizada por Donald Trump tras su derrota en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, una estrategia de deslegitimación de los resultados que contribuyó al clima político que desembocó en el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. Lo que sí está claro es que se ha violado el derecho a la igualdad de los ciudadanos ante la ley y un derecho fundamental, según la Constitución, el derecho al voto.

Además, la cifra de electores afectados por la decisión del Supremo asciende a 168.896 personas, una cantidad irrelevante en comparación con los más de 38 millones de ciudadanos censados con derecho a voto. Este porcentaje irrisorio plantea aún más dudas sobre la necesidad y la proporcionalidad de una medida que afecta a derechos fundamentales de ciudadanos españoles.

La controversia en torno a la Ley de Nietos no tiene que ver solamente con el derecho al voto o con la memoria histórica, sino también con la forma en la que funciona el Estado y con quién tiene realmente el poder dentro de él. La defensa de los derechos democráticos debe estar vinculada a la lucha contra las estructuras que perpetúan las desigualdades heredadas del franquismo.

Es esencial cuestionar críticamente el papel de las instituciones judiciales y su relación con el sistema político, sin caer en la falsa idea de que el Estado y el sistema judicial tienen un papel neutral en la sociedad y entre clases sociales. La clase dominante y sus instituciones han utilizado históricamente el aparato estatal para mantener las relaciones de poder existentes.

La nacionalidad y el derecho al voto no pueden convertirse en armas para apartar a determinados sectores de la sociedad de la vida política. La clase trabajadora no puede permanecer indiferente ante la privación de derechos políticos, independientemente de la procedencia de las personas afectadas. La solidaridad entre los pueblos y la lucha contra cualquier forma de opresión tienen que ser parte de nuestra lucha como trabajadores.

La democracia no puede limitarse simplemente a votar en elecciones cada cuatro años, sino que debe consistir en que todos tengamos las condiciones materiales que permitan a las masas trabajadoras participar efectivamente en la vida política. Por eso, defender el derecho al voto de los afectados por la Ley de Nietos es solo una parte de una lucha mucho más amplia, la lucha contra el capitalismo y contra un sistema que pone los intereses de las clases dominantes por encima de los de la clase trabajadora. Debemos luchar por una sociedad socialista en la que los derechos políticos no dependan de los intereses de una minoría, sino que estén al servicio de la clase trabajadora y de la construcción de una sociedad verdaderamente libre e igualitaria.

Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: contacto@comunistasrevolucionarios.org

Para conocer más de la OCR, entra en este enlace

Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí

Organización Comunista Revolucionaria
Privacidad

Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones como reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.