Nuevo plan de vivienda, nueva frustración

El pasado 21 de abril el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, supuestamente pensado para acabar con la actual crisis de la vivienda que afecta al Estado español. Las principales medidas del nuevo Plan Estatal incluyen:

–  Blindar como públicas las viviendas de protección oficial para que no puedan volver al mercado privado

– Grandes subvenciones para la construcción de nuevos pisos, mayoritariamente de alquiler

–   Nuevas subvenciones mensuales para el alquiler, dirigidas a jóvenes y colectivos vulnerables

Para financiar este plan tan ambicioso, el programa estará dotado de 7.000 millones de euros, de los cuales un 60% serán provistos por el Estado y un 40% por las comunidades autónomas.

Estas medidas, de implementarse realmente, sin duda ayudarían a paliar parte de la crisis de la vivienda y supondrían un alivio para muchos trabajadores, en particular jóvenes, pero una gran pregunta salta a la vista: ¿Quién las pagará?

Al igual que medidas aprobadas anteriormente alrededor de la vivienda, como el Bono de Alquiler Joven o el paquete de medidas para la vivienda anunciado en enero de este año; este nuevo plan vuelve a sostenerse sobre subvenciones e incentivos económicos para salir del atolladero. Cuando el Gobierno promete “más construcción”, a lo que se refieren realmente es a entregar subvenciones multimillonarias a constructoras y promotoras para incentivarles a que construyan, no a un plan concreto y estatal de construcción.

Hay que hablar claro: estas medidas keynesianas de “estimular la economía” para salir de la crisis no son otra cosa que inyectar dinero público en bolsillos privados. En este caso, en los bolsillos de las mismas empresas responsables y beneficiarias de la actual crisis de la vivienda.

No puede haber duda en nuestra posición, la crisis de la vivienda, como la crisis en su conjunto, debe pagarla la clase capitalista, y en particular las empresas que se han estado enriqueciendo de ella; las grandes constructoras, promotoras y fondos buitre (bancos, grandes tenedores, inmobiliarias, agentes extranjeros). Es inaceptable que el coste económico de paliar las consecuencias naturales de las crisis del capitalismo recaiga, de nuevo, sobre los hombros de la clase trabajadora.

Cabe cuestionar, a la par, el grado de implementación real que tendrá este plan, viendo hasta qué punto depende de la implementación que hagan los gobiernos autonómicos por un lado, y las constructoras privadas del otro. La realidad es que al no disponer de un control público de los sectores clave de la economía, el gobierno no tiene otra forma de incentivar el aumento del parque de vivienda, ni tampoco tiene forma de asegurarse de que este incentivo sea efectivo.

De hecho, habría que remarcar también que, en realidad, aún de implementarse al completo el Plan de Vivienda, 7.000 millones de euros es una gota de agua en el mar comparado con las necesidades actuales. Asumiendo un coste medio de construcción de 40.000€ por vivienda (media más bien baja), con esta dotación se alcanzarían unas 175.000 viviendas construidas, frente al déficit de 700.000 viviendas actual en el Estado español. Esto sin tener en cuenta que no toda la dotación irá dirigida a nueva construcción.

En última instancia, el Nuevo Plan de Vivienda no tiene un objetivo de construcción. No puede tenerlo, puesto que no tiene ningún control real del sector de la construcción, y solo puede esperar que las empresas usen este dinero para nueva vivienda social.

Hay muchos “quizás” y muchos “peros”, pero solo una cosa queda clara de este plan, 7.000 millones de euros públicos irán directamente a los bolsillos de aquellas empresas que cada día se enriquecen más a costa de nuestra miseria.

Con cada nuevo paquete de medidas anticrisis anunciado por el PSOE, quedan demostrados una y otra vez los límites objetivos del reformismo. Mientras se continúa defendiendo la propiedad privada, los únicos remedios ante la crisis pasan por hacer pagar a la clase trabajadora mientras las grandes empresas continúan registrando beneficios récord.

La única salida real de esta situación es mediante la expropiación bajo control obrero de las grandes constructoras y promotoras, y el uso de sus recursos en un plan real de construcción, a la par que la nacionalización de todas las viviendas vacías mediante la expropiación de los fondos buitres y los bancos. Solo la clase trabajadora tiene en sus manos las herramientas necesarias para poner solución final a la crisis del sistema capitalista.

Imagen de portada: zaragoza.es