El gobierno mantiene los privilegios fiscales de la Iglesia y los extiende a otras confesiones

La Semana Santa de 2023 ha sido una de las más masivas de los últimos años. Cientos de miles de personas han aprovechado el buen tiempo para presenciar o participar en los cientos de desfiles procesionales que se han celebrado a lo largo y ancho del Estado. Podemos hablar claramente de un auténtico boom cofrade, con un aumento claro de participantes y un aumento de los desfiles tanto en las zonas de más tradición, como Andalucía, Murcia o Castilla y León, como en zonas donde esta era residual, como Madrid, Valencia o incluso Bilbao.

Un observador desprevenido podría interpretar esta moda procesional como síntoma de un cierto repunte de la religiosidad y de vitalidad de la Iglesia católica. No en vano, la Semana Santa ya fue un instrumento de propaganda y disciplina social durante la dictadura franquista y los vínculos de las cofradías con el aparato del Estado (Policía, Guardia Civil, unidades de las Fuerzas Armadas) siguen siendo fuertes y visibles. No cabe duda de que la propia jerarquía de la Iglesia promueve esta fiebre cofrade, encontrando un aliado insospechado en un sector de la izquierda andaluza, pero no es menos cierto que la masividad relativa de la Semana Santa no puede ocultar el retroceso de la religiosidad en el Estado español ni la crisis que vive la Iglesia católica a pesar de sus privilegios.

Crisis de vocaciones

Claro síntoma de esta crisis es la falta acuciante de seminaristas que den el relevo a los sacerdotes actualmente en activo. Por primera vez en la historia la cifra de seminaristas en el Estado español ha bajado de los mil, 974 en marzo de este año; de los cuales en torno a doscientos cincuenta cursan su carrera en los seminarios Redemptoris Mater, pertenecientes a Camino Neocatecumenal, una de las organizaciones más reaccionarias de la Iglesia católica. Según datos de la propia Conferencia Episcopal, entre 2012 y 2019 la Iglesia en España ha perdido 2.387 sacerdotes, una caída del 12,3 %, y 2.160 monjas de clausura, una caída del 19,8 %. La tendencia a la baja de las vocaciones pone a la Conferencia Episcopal en la tesitura de importar clérigos de otras partes del orbe católico o de simple y llanamente cerrar iglesias al culto.

En una economía desarrollada y diversificada, y ante la evidente pérdida de autoridad y atractivo de la Iglesia católica, el seminario ya no es una salida para los segundones de las familias campesinas y para los hijos de la pequeña burguesía empobrecida como lo fue en el franquismo. En pocos años los curas serán muchos menos y mucho más fanáticos, como indica el alto porcentaje de seminaristas que se forman con Camino Neocatecumenal. El previsible cierre de lugares de culto es una oportunidad para que los municipios recuperen esos inmuebles para ponerlos al servicio de la comunidad como equipamientos sociales y culturales, igual que se hace en otros lugares de Europa en los que la religión ocupa un lugar cada vez menor.

Privilegios fiscales

Pese a todo, la Iglesia católica sigue manteniendo con firmeza lo esencial de sus fuentes de financiación, fundamentalmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El pasado 28 de febrero publicaba El País que la Iglesia recibirá este año una cifra récord por la casilla de la Renta, 320,72 millones de euros, que corresponden a ocho millones y medio de contribuyentes. Al lado de estas cifras, los dieciséis millones de euros que el gobierno prevé recaudar por el fin de la exención de los impuestos de obras y contribuciones especiales son simple calderilla. Aun así, aunque el número absoluto de contribuyentes que marcan la casilla haya aumentado, su porcentaje ha disminuido por tercer año consecutivo y se sitúa en el 31,29 %.

Pese a los titulares que hablan del fin de los privilegios fiscales de la Iglesia y de que, con el fin de las exenciones del ICIO y contribuciones especiales, esta se equipara con cualquier ONG, el gobierno sigue manteniendo lo esencial del concordato y los acuerdos con la Santa Sede de 1979. La red de centros de enseñanza, sanitarios y asistenciales concertados con el Estado y las comunidades autónomas sigue intacta, así como la exención del impuesto de bienes inmuebles (IBI). La Iglesia es una de las mayores propietarias de bienes inmuebles del Estado, propiedades por las que no tributa.

Entre estas propiedades están los cientos de templos e inmuebles de todo tipo que la Iglesia se ha apropiado por el método de la inmatriculación, de las que el ejemplo más conocido es la Mezquita de Córdoba. El obispado cordobés está usando esta propiedad usurpada como punta de lanza de una nueva batalla cultural contra la verdad histórica, promoviendo un centro de interpretación del monumento que niega en la práctica su pasado islámico. Éste es un ejemplo extremo de cómo los recursos que el Estado pone a disposición de la Iglesia son utilizados por esta para su guerra particular contra el mundo moderno.

Café para todos

Pero el gobierno progresista no sólo mantiene los privilegios fiscales de la Iglesia. En aras de la igualdad entre las distintas confesiones, ha extendido estos privilegios a otras como la Iglesia Ortodoxa (mayoritaria entre los inmigrantes rumanos), la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová. Ya disfrutaban de los mismos privilegios la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (muy fuertes entre la comunidad romaní y en una capa de los inmigrantes latinoamericanos), la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica. Con esta última ya tiene el Estado un acuerdo de cooperación desde 1992.

En lugar de defender el principio democrático esencial del laicismo, garantizando la libertad de culto pero separando claramente a la religión del Estado, el gobierno ha elegido una forma perversa de café para todos, poniendo bajo su manto a todas las organizaciones religiosas, grandes y pequeñas, viejas y nuevas, equiparándolas a cualquier ONG o asociación sin ánimo de lucro; lo que, a la vista del poder económico de la Iglesia católica y las iglesias evangélicas no deja de ser un chiste de mal gusto.

Esta decisión se toma pocas semanas después del siniestro espectáculo que dio el PP madrileño en un mitín dirigido a la comunidad latinoamericana, en el que participó una predicadora de una de las iglesias evangélicas más reaccionarias y más salpicadas por acusaciones de fraude y escándalos de todo tipo. Pareciera que el gobierno quiere colaborar con la estrategia bolsonarista del PP equiparando a estas iglesias-empresas con cualquier otra asociación.

En cualquier caso, el auge relativo de las demás confesiones, por factores como la inmigración y un goteo de conversiones, no llega a compensar lo que pierde la Iglesia católica en crisis. Ya es hora de acabar de una vez con los privilegios de la Iglesia y de las demás confesiones, nacionalizando todas sus propiedades y su entramado empresarial bajo control obrero.

Imagen de portada: lavozdelarepublica.es