Informe PISA 2023: educar en igualdad, la asignatura pendiente y sin repesca bajo el capitalismo

Los resultados globales de las pruebas para la evaluación internacional de los estudiantes realizadas en 2022 ponen de manifiesto el bajo rendimiento de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias. La línea descendente que, en términos generales, se venía manifestando desde 2012 ha tornado en un batacazo educativo sin precedentes, especialmente desde el último informe en 2018. Sin embargo, se observan avances considerables en algunas economías asiáticas como Singapur, Taiwán o Japón cuyos resultados podrían representar en torno a tres o cuatro cursos de ventaja con relación al promedio de la OCDE con hasta 17 puntos menos en matemáticas. Esta caída ha resultado aún más acusada en los países de la UE con medias de 20, y hasta más de 30 puntos menos en algunos países como Islandia o Noruega. Particularmente, el Estado español ha obtenido sus peores resultados desde que la prueba empezó a realizarse en el año 2000, especialmente en matemáticas con una caída de 20 puntos, si bien la comparación resulta algo imprecisa debido a las “anomalías” detectadas en las pruebas de 2018. Además, cabe destacar las notables diferencias entre comunidades autónomas, con Castilla y León, Asturias o Cantabria a la cabeza, frente a Murcia, Andalucía o Canarias, si bien sorprende igualmente el drástico descenso en los resultados de los estudiantes catalanes.

Ante estos alarmantes resultados, la derecha y su reaccionaria prensa burguesa no han tardado en apuntar con desdén y superioridad a comunidades con peores resultados, o directamente señalar como culpables a las comunidades vasca y catalana, al “gobierno progre” y la Ley Celaá. Algunos expertos ponen el foco en la pandemia y en la interrupción de la enseñanza presencial que se dio en este periodo.

Por una parte, cabe mencionar que la caída en los resultados del alumnado de algunos países de la OCDE ha sido tan grave que el Estado español no aparece tan perjudicado, permitiéndose así una mejor posición en el barómetro educativo. Este menor impacto podría dar cuenta de ciertos avances que la LOMLOE habría implementado, aunque para nada justifica la actitud complaciente en las instituciones. La gravedad de los últimos resultados estatales en comparación con los obtenidos en ediciones anteriores debe ser tomada con seriedad, pues refleja las limitaciones de dicha ley y de la necesidad de implementar medidas eficaces, que señalamos en su momento. Por otra parte, como advertimos en su momento, la falta de medidas eficaces en educación durante la pandemia afectaría considerablemente al desarrollo del alumnado. No obstante, al igual que en el resto de los ámbitos, el coronavirus no ha hecho más que sacar a la luz las contradicciones sistémicas que ya existían y que son inherentes al capitalismo. La realidad es que estamos ante un sistema educativo totalmente segregado y que perjudica a los hijos de la clase trabajadora mientras beneficia a los de los ricos.

De hecho, así lo corrobora el informe actual PISA ya que, si bien la brecha entre estudiantes ricos y pobres en el Estado español es ligeramente menor que el promedio de los países de la OCDE, existe una brecha de hasta 86 puntos, lo cual representa más de dos cursos de desventaja. Estos datos se confirman igualmente con la tasa de repetición de los estudiantes pobres que, aunque parezca haberse reducido, esto representa simplemente el cambio en los criterios de evaluación aplicados durante la pandemia sin contar el aumento que se volvió a dar en 2022, a pesar de que en la LOMLOE la repetición debe aplicarse excepcionalmente. Esto se confirma igualmente en estudio realizado por Esade y Save the Children, que muestra que los estudiantes pobres repiten hasta cuatro veces más que los ricos.

Por tanto, vemos como el fracaso escolar se encuentra íntimamente relacionado con las desigualdades entre clases sociales. Por un lado, se enraízan en la división entre la escuela pública y privada, la creación de guetos educativos con menores dotaciones, la división temprana del alumnado por ramas de conocimiento o capacidades, o la decisión de la promoción del alumnado basada no solamente en los conocimientos sino también en comportamientos y actitudes o sesgos del profesorado, entre muchas otras estrategias para perpetuar y reproducir las desigualdades. Por otro lado, la clase trabajadora no tiene con frecuencia los recursos para proporcionar a los hijos el refuerzo educativo necesario o el acceso a actividades extraescolares de calidad, o las prolongadas y extenuantes jornadas laborales no les permiten implicarse en el aprendizaje de sus hijos ni la participación en la actividad del centro educativo para la coordinación y toma de decisiones, que de por sí ya es restringida y verticalizada.

La incidencia del factor socioeconómico puede dar respuesta también a las diferencias entre los resultados de las comunidades autónomas. Los estudiantes de las tres comunidades que han obtenido mejores resultados comparten el modelo de “escuela rural”, principalmente caracterizada por ratios muy reducidas debido a la situación de despoblación de algunas zonas en estas comunidades. Esto es posible a su vez debido a una mayor financiación por parte del Estado a estas comunidades, lo cual permite también suplir carencias más comunes en otras comunidades, como la falta de acceso a recursos de calidad, una rápida sustitución de los profesores que se dan de baja, entre otros aspectos. Además, en estas comunidades existe una menor presencia de alumnado inmigrante que, a pesar de representar una oportunidad verdaderamente interesante para el enriquecimiento sociocultural del alumnado, suelen contar con mayores dificultades en el periodo inicial de su llegada debido al desconocimiento del idioma.

Por tanto, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes pobres, así como impulsar el aprendizaje de aquellas comunidades con peores resultados, exigimos una mayor inversión en educación pública que permita aumentar el número de profesores, reducir las ratios y ofrecer una atención más personalizada al alumnado, especialmente en aquellos centros con menores recursos y mayores necesidades. Si no se cuentan con estas condiciones, “educar en igualdad” seguirá siendo un lema vacío que no podrá ser plenamente realizable. Frente a la complacencia de las instituciones, solo la organización y la lucha consecuente por parte de las familias y estudiantes de la clase trabajadora logrará poner fin a esta barbarie y sentar las bases para construir una educación en plena igualdad que acabe con el fracaso escolar y las desigualdades, y que eleve el aprendizaje de la juventud a su máximo desarrollo.