La ley de Vivienda no soluciona la crisis del alquiler ¿Qué camino seguir?

Después del primer mes de aplicarse la Ley de Vivienda como medida para paliar la crisis en el alquiler, una ley de ámbito estatal que tan sólo se ha implementado por el momento en Cataluña, ya se pueden vislumbrar sus primeros resultados generales.

Hecha la ley, hecha la trampa

Antes de entrar a valorar los resultados, es necesario plantear el contexto en el que se dan.

El precio del alquiler en el estado español se ha disparado en los últimos 10 años. En marzo de 2015, la media por metro cuadrado se situaba en 7,1 €/m2, mientras que el último dato de marzo de 2024 lo sitúa en 12,7 €/m2, es decir, un aumento del 78%. Este incremento se ha concentrado sobre todo en las grandes ciudades, con Barcelona y Madrid a la cabeza, con precios de 20,7 y 18,9 respectivamente por metro cuadrado según los últimos datos. En los últimos 18 meses, los precios de alquiler han batido su récord histórico en 49 de las 50 capitales de provincia.

De los 26.659 desahucios ejecutados durante el 2023, el 74% afectaron a inquilinos, el mayor dato en la historia desde que se recoge esta estadística. Según el País, la media de gasto que dedica la población a la vivienda alcanza el 32% de sus ingresos, una de las cifras más elevadas de las últimas dos décadas; según los “expertos”, esta cifra no debería superar el 30%. En un informe de la Autoritat Metropolitana de Barcelona, se dice que para vivir dignamente en el área metropolitana de la capital catalana hace falta cobrar un sueldo medio de 1.516 euros al mes, inalcanzable para el 43% de las familias, que viven con menos. Según este informe, el 45% de los gastos mensuales se destinan a la vivienda, incluyendo las facturas del agua, gas, electricidad y teléfono.

No es casualidad entonces que, según este estudio de el País del año pasado, la cuarta preocupación más importante para la población es el coste de la vivienda y las dificultades para acceder a ella. El estado español está pasando, una vez más, por una crisis de la vivienda.

Sin embargo, este escenario de creciente dificultad y crisis para la mayoría de la población tiene poca o nula importancia para los intereses privados de los propietarios, como demuestran los primeros resultados de la aplicación de la ley en Cataluña.

Por un lado, se han disparado (incluso más) las ofertas de temporada, copando el 90% de la nueva oferta. Es decir, los propietarios han aplicado una fórmula para esquivar la regulación. Por otro lado, se han aplicado prórrogas a los contratos que vencían, otra manera para esquivar la ley. La prórroga no sólo les permite mantener el precio (y no tener que bajarlo si son grandes tenedores), sinó que además evitan pagar los gastos de la inmobiliaria (con la nueva ley estos ya no los deberían pagar los arrendatarios), se comprometen a un contrato de 3 años y no 5 y se ahorran tener que pintar y renovar la vivienda. La ley, con resultados en la mano, no está funcionando.

Insatisfecho con esto, Oscar Gorgues, gerente del órgano que defiende los intereses de los propietarios en Barcelona, la Cámara de la Propiedad, dice: “La legislación es discriminatoria y beneficia a los inquilinos: no sube la renta, no paga honorarios… blindas a quien no tiene contrato.” Pero cabe preguntar, ¿cuál es el panorama real, y quién está realmente discrimando?

En el estado español, los propietarios de vivienda que poseen sólo una propiedad suman el 80%, mientras que un 16% tiene dos y un 4% posee tres o más. Según el mismo artículo de Infobae, el 5% del mercado, 100.000 inmuebles, están en manos de los bancos, fondos de inversión y aseguradoras. Esta cifra no incluye a bancos como el Santander o BBVA, o al fondo de inversión BlackRock, ni a grandes constructoras, por lo que podemos afirmar con confianza que el porcentaje concentrado en estas manos es incluso mayor.

En Barcelona, los propietarios con 5 o más inmuebles representan el 7,5% del total y son los dueños de un 44,7% del mercado. En el lado opuesto, los que poseen tan sólo un piso representan el 76,7% y poseen un 39,8% del parque total. A nivel general, las personas que viven de alquiler representan más del 40%, mientras que el porcentaje de propietarios cae al 50%.

Para el pobre Oscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad citado arriba, la ley es “discriminatoria” para sus intereses. Lo lamentamos por él y esperamos que pueda dormir tranquilo, sobre todo teniendo en cuenta que los datos objetivos muestran una situación muy favorable a los intereses de los ricos, que él representa.

La crisis de la vivienda y el Gobierno PSOE-UP/SUMAR

Como vemos mediante cifras, datos y estadísticas, en realidad es la mayoría de la población quién está discriminada por los ricos y sus intereses. Detrás de estos números hay decenas de miles de familias obreras sufriendo simplemente porque tienen enormes dificultades o no pueden asegurar su derecho social a una vivienda digna.

Como ya explicamos detalladamente en otro artículo, esta ley es insuficiente. Los resultados confirman nuestra posición. Su aplicación, además, es una clara muestra de la muy limitada capacidad de controlar e influenciar el mercado capitalista, menos en esta época de crisis e inestabilidad. La burguesía y sus lacayos siempre y en todas circunstancias buscan la manera de asegurar el máximo de beneficios, ahora maniobrando en contra de la ley, ahora aplicando fórmulas para esquivarla, ahora saltándosela directamente.

Los sindicatos de vivienda han criticado correctamente al Gobierno al apuntar que la ley no sanciona a los arrendadores que se la saltan. Así, no sólo es que la ley es insuficiente, sino que además no castiga cuando esta no se aplica.

Pero esto no debe sorprendernos. Como es bien sabido, este gobierno se guía por la política de la colaboración de clases. Su principal eslogan es “la paz social”, es decir, la desactivación de la lucha irreconciliable entre la clase obrera y la burguesía, entre los explotados y los explotadores, a favor de una “España progresista y democrática”.

Empujado por las exigencias de la clase obrera y la juventud, el Gobierno de PSOE-UP buscó con esta ley cuadrar el círculo, es decir, paliar los peores aspectos de la crisis de la vivienda sin amenazar la propiedad privada. Hay que recordar, además, que la ley tardó más de 3 años en entrar en vigor y que no es de obligatoria aplicación para las comunidades autónomas. Toda una declaración por parte del Gobierno “más progresista de la historia”.

En una entrevista con El País, la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, marca el tono de la ley:

“Soy consciente de que la mayor parte de la vivienda en alquiler en nuestro país forma parte del patrimonio de muchas personas que complementan sus rentas y quieren garantías y seguridad jurídica. Ya hemos puesto en marcha instrumentos. En el último Plan Estatal de Vivienda, el Gobierno quiso lanzar ese mensaje de protección al propietario con un programa para garantizar las rentas, en el que ya están trabajando algunas comunidades autónomas.” (cursivas nuestras)

La ministra Rodríguez ya se estrenó en su nueva responsabilidad asegurando que defendería a los pequeños propietarios. A lo mejor es porque, con su sueldo bruto mensual de 6.617 euros al mes como ministra, es una de esas personas que “complementa su renta” en calidad de su posesión de 3 pisos, 2 garajes y 2 trasteros.

Ya hemos visto cómo en realidad la distribución de la vivienda está concentrada en pocas manos, un proceso que además se está acelerando como resultado de la crisis capitalista y la creciente desigualdad entre las clases.

La realidad política es que este Gobierno no puede ni quiere resolver la crisis de la vivienda. Es más, uno de los factores destacados que está causando esta situación, el turismo de masas, forma parte de la política económica del Gobierno. En palabras de Rodríguez:

“El Gobierno es consciente de la importancia del sector turístico en nuestro país y de que este tipo de alojamientos son oportunidades de desarrollo social, económico y de fijación de población en otras zonas.” (cursivas nuestras)

Un programa socialista para la crisis de la vivienda

El Gobierno de PSOE-SUMAR busca paliar los peores aspectos del capitalismo español, con la intención de convertirlo en un sistema más amable y democrático, donde todas las clases, independientemente de si su condición es de explotadora o explotada, convivan en paz y dignidad. Como vemos con esta ley, y es tan sólo un ejemplo, eso es imposible. La política de la colaboración de clases en la práctica sólo beneficia a los capitalistas.

Ciertamente, este Gobierno está formado por el PSOE, pilar izquierdo del régimen del 78 y firme defensor del capitalismo español, y SUMAR, su hermano pequeño. Pero además de esto, la crisis mundial del capitalismo muestra cristalinamente que este sistema no se puede reformar en interés de la mayoría; en otras palabras, que la época de decadencia actual plantea con mayor nitidez y claridad la lucha entre las clases, la lucha irreconciliable entre los intereses de los capitalistas y sus representantes y los intereses de la clase obrera y la juventud.

Para solucionar objetivamente la crisis de la vivienda, sólo existe una posibilidad en interés de la mayoría: acabar con el mercado capitalista. Así, para garantizar una vivienda que además sea digna para las necesidades de las familias obreras y la juventud, hay que expropiar sin indemnización, excepto a los pequeños accionistas, a los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y constructoras. Es igualmente necesario expropiar sin indemnización, salvo en casos de necesidad justificada, las viviendas de grandes propietarios, limitando a una sola las viviendas destinadas en alquiler por familia nuclear (la formada por los padres y los hijos). Esto implicaría expropiar a partir de la cuarta vivienda en propiedad, asumiendo el caso de dos viviendas familiares habituales (la principal y la vacacional), y a partir de la tercera vivienda, en el caso de una sola vivienda familiar habitual. Todas estas viviendas pasarían a formar parte de un parque habitacional público con la participación en su gestión de asociaciones vecinales y sindicatos de inquinos.

Deberían formarse comités vecinales y de inquilinos en cada barrio para controlar e inspeccionar los casos de fraude u ocultamiento de propiedades.

La vivienda, debe ser un bien social y no una mercancía para enriquecerse a costa del sufrimiento y la miseria de las familias obreras, que son quienes realmente crean la riqueza en esta sociedad.

Todo esto debe completarse con la nacionalización, sin indemnización y bajo control obrero, de las grandes empresas de la construcción y de la banca. Con todos estos recursos, no sólo se podría distribuir el parque de viviendas según las necesidades de la mayoría, sinó que además se podrían construir viviendas públicas de calidad a precio de coste, lejos de la especulación y sobreprecios que guía a todo el entramado inmobiliario. Toda hipoteca o alquiler no debería representar para el bolsillo de las familias obreras más del 10% de sus ingresos mensuales. La solución de esta crisis mediante esta política revolucionaria no sería a largo plazo y sin horizonte, como plantean abiertamente desde el Gobierno, sino inmediata.

La defensa de este programa se fundamenta en la lucha irreconciliable entre los intereses de los capitalistas y de la clase obrera. Su aplicación sólo se puede llevar a cabo en una lucha sin cuartel contra el sistema capitalista. La máxima expresión de esta lucha es la revolución socialista, la revolución de la mayoría de la población en contra de la minoría opresora. Este es el programa que defendemos los comunistas. Si estás de acuerdo, únete a nosotros y ayúdanos a derrocar este sistema podrido para construir sobre sus cimientos un mundo digno y libre para la mayoría!