PP y PSOE pactan la amnistía para los ladrones del agua de Doñana

El pasado mes de abril analizábamos el proyecto de ley sobre los regadíos en Doñana que el PP presentó desde su presidencia de la Junta de Andalucía, con el apoyo Vox. Tras la investidura de Pedro Sánchez en el Gobierno estatal, y tras varios meses de negociaciones con el PSOE, Juanma Moreno anunció la retirada de esta ley y la firma de un acuerdo para la “protección y el desarrollo” de Doñana.

Frente a la política de barra libre del PP andaluz para los terratenientes, el PSOE ha tratado de ofrecer una imagen más dura durante estos meses. Lo ha hecho cerrando varios centenares de pozos ilegales mediante denuncias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), controlada por el Estado. Ni que decir tiene que estas medidas no han pasado de un maquillaje superficial del problema. Como explica Juanjo Carmona, de WWF: “La cuestión es eliminar el regadío ilegal, para ello no basta con cerrar el pozo. El cierre de los pozos no tiene efectividad si el día después del cierre las fincas se siguen regando^[1]”. Tampoco hay que olvidar que estos mismos pozos ilegales también estaban ahí cuando el PSOE gobernaba Andalucía.

A raíz de estas diligencias por parte de la CHG han salido a la luz casos realmente escandalosos^[2]. El torero onubense retirado Miguel Báez (El Litri), ha sido denunciado por extraer ilegalmente casi 2,4 millones de metros cúbicos de agua, con un daño al dominio público estimado en 574.308 euros. Otros dos hermanos terratenientes han sido condenados a tres años y medio de cárcel por robar cerca de 20 millones de metros cúbicos. La Casa de Alba, una de las familias aristocráticas más importantes del mundo y la mayor propietaria de tierras de España, posee la finca Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), próxima a Doñana. El pasado mayo, la CHG descubrió en la misma ocho pozos ilegales, con los que se estima que sólo en la última campaña se había hecho un consumo ilegítimo de 308.851 metros cúbicos de agua, con un valor de 36.702 euros.

Esta banda de parásitos son los responsables directos de la ruina del campo andaluz. Su avaricia descontrolada convertirá Doñana en un secarral y Andalucía en un desierto en unas pocas décadas si nadie hace nada para evitarlo.

Y en este contexto, ¿qué soluciones provee el nuevo acuerdo entre PP andaluz y PSOE? ¡Subsidiar a los propietarios con dinero público! El acuerdo ofrece ayudas de hasta 100.000 euros al año para todos los agricultores que abandonen el regadío. No sólo no se plantea ningún castigo para los terratenientes que han expoliado el agua, sino que se les premia abundantemente para que puedan asumir la reconversión de sus fincas a coste cero. En total, serán 1400 millones de euros que irán a parar a los bolsillos de jóvenes emprendedores como Eugenia Martínez de Irujo, que ya ha sido citada a declarar ante el juzgado por los pozos ilegales de su finca Aljóbar. Mientras tanto, son las familias trabajadoras las que sufren los cortes de suministro en los meses de sequía, cada vez más frecuentes.

En cualquier caso, está por ver que estos criminales vayan a aceptar las cantidades ofrecidas por el acuerdo. El negocio de la agricultura intensiva les sale más rentable, en gran medida por la mano de obra extranjera que emplean en condiciones de semiesclavitud. Además, no se les está obligando a dejar de regar, se les está incentivando a que dejen de hacerlo. Aquellos que elijan continuar con sus regadíos podrán seguir haciendo como hasta ahora, evadiendo las consecuencias penales.

Es necesario un plan de choque contra el regadío ilegal, que incluya como mínimo las siguientes medidas:

• Identificación y cierre de todos los pozos ilegales.
• Investigación minuciosa de todas las explotaciones.
• Expropiación sin indemnización de todos los propietarios que hayan robado agua del acuífero.
• Escrupulosa regularización laboral de todo el trabajo agrícola, especialmente el que envuelve trabajadores migrantes.
• Plenos derechos políticos y económicos para dichos trabajadores.
• Prohibición de nuevas construcciones en Matalascañas, e instalación masiva de plantas desalinizadoras como alternativa para el suministro de agua en esta instalación turística.

Dicho plan sólo puede ser implementado y supervisado de forma efectiva por la clase trabajadora movilizada masivamente. Sólo de esta forma podremos mitigar las consecuencias terribles que el cambio climático tendrá en pocos años.

^[1] Diario Público: “El Gobierno clausura 220 pozos ilegales en Doñana y prevé cerrar otros 496 mientras el PP insiste en la ley que amplía regadíos”:

https://www.publico.es/politica/gobierno-clausura-220-pozos-ilegales-donana-preve-cerrar-otros-496-pp-insiste-ley-amplia-regadios.html#analytics-noticia:contenido-enlace.

^[2] En adelante, citamos los casos mencionados en el diario online Público: “Terratenientes de postín, aristócratas y toreros, ante el juez por esquilmar agua en el entorno de Doñana”: https://www.publico.es/sociedad/terratenientes-postin-aristocratas-y-toreros-juez-esquilmar-agua-entorno-donana.html#analytics-noticia:relacionada.