¿”Regeneración democrática” o agua de borrajas?

El Consejo de Ministros aprobó a mediados de septiembre el llamado Plan de Acción por la Democracia. Consiste en una lista de 31 iniciativas destinadas, supuestamente, a “regenerar” la democracia española. Este fue un compromiso que Sánchez asumió a fines de abril, tras amagar con la dimisión, después de que el juez Juan Carlos Peinado encausara a su esposa, Begoña Gómez, por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Estas acusaciones estaban basadas en informaciones falsas aparecidas en medios de comunicación ultraderechistas.

Sánchez culpó entonces del “envenenamiento” de la democracia a los bulos y falsas noticias publicados por medios digitales de la ultraderecha, y criticó la utilización “desestabilizadora” que hacían de ellos PP y VOX y sus jueces afines en el aparato judicial.

La verdad es que la mayoría de estas “31 medidas” son meras declaraciones generales, sin concreción alguna. Así, se anuncia la reforma de la Ley de Secretos Oficiales sin detallar nada ¿Se abrirán los archivos policiales de la Transición para conocer la identidad de los policías y guardias civiles implicados en asesinatos y torturas entre 1968 y 1982? ¿Se podrá acceder a “los papeles del 23F” que despejen de una vez la implicación de Juan Carlos I en ese intento de golpe de Estado, etc.? Mucho nos tememos que no.

Se habla de “reforma integral” del código penal para revisar delitos relacionados con expresiones dirigidas a los sentimientos religiosos e instituciones del Estado (la monarquía). Debe suponerse que se ampliará la libertad de expresión sobre estos aspectos ¿En qué grado: sin restricciones, parcialmente? Nada sabemos.

Una burla y una vergüenza es la prometida reforma de la “Ley Mordaza”. No se toca NADA de la misma, salvo “la calificación de la sanción” por la difusión de imágenes de actuaciones policiales en manifestaciones y actos represivos. Es decir, ni siquiera se elimina el delito, simplemente se aliviará la sanción. La Ley Mordaza seguirá actuando como un arma represiva contra miles de activistas y luchadores, acosados por multas y penas de prisión por luchar por sus derechos y condiciones de vida.[1]

Se proponen cuestiones menores y de dudosa eficacia, como la obligación de todo diputado y partido político de declarar sus bienes, la ampliación de la protección al honor y la intimidad personal, la obligatoriedad de celebrar debates electorales, que las Administraciones públicas sean más “transparentes” en su rendición de cuentas, comisiones parlamentarias sobre bulos y desinformación, nuevas leyes contra la corrupción, etc.

La derecha ha hecho mucho ruido con la medida que propone el acceso público a la identidad de los propietarios de los medios de comunicación y a las inversiones publicitarias que reciben. Esto nos parece bien, pero no cambiará el hecho de que un puñado de grandes grupos ejerza un oligopolio sobre los medios escritos y audiovisuales y, por tanto, sigan limitando el alcance de la libertad de información en nuestro país.

Se habla de introducir límites a la publicidad pública recibida por los medios para que ninguno dependa de ella para sobrevivir. Pero eso afectará más a los medios independientes y progresistas con pocos recursos. Los medios derechistas y ultraderechistas, como OK Diario, El Confidencial, Libertad Digital, y otros de la misma calaña, siempre encontrarán patrones privados para su sostén.

Se propone “revisar el marco regulatorio para evitar la concentración de los medios de comunicación”. Pero esta concentración ya existe, como mencionamos. Cinco grupos privados (Prisa, Planeta, Unión Editorial, Godó y Zeta) controlan el 76% de los medios digitales, dos grupos (Mediaset y Atresmedia) el 60% de la televisión abierta, tres grupos (Prisa, Vocento y Planeta) el 72% de las emisiones radiales, y un solo grupo (Movistar-Telefónica) abarca el 84% de la televisión de pago. Podemos adelantar que la “revisión” del marco regulatorio quedará en nada.

La única alternativa es expropiar sin indemnización estos grupos, que sólo representan socialmente a un puñado de individuos riquísimos. De esta manera, sus recursos de impresión y audiovisuales podrían estar a disposición de las organizaciones obreras y vecinales, partidos, asociaciones y movimientos sociales, de acuerdo a su tamaño y representatividad en la población: a escala estatal, regional, local y barrial. Esto sí que representaría una verdadera democratización de la libertad de expresión e información. Esta es la alternativa que defendemos los comunistas de la OCR.

 

[1] Poco después de escribir este editorial y solo un día después de que nuestra revista saliera a la calle, se anunció un acuerdo entre el gobierno y EH Bildu para reformar la Ley Mordaza en más profundidad. Esta propuesta de reforma, si bien suaviza algunos aspectos represivos de esta ley, mantiene lo fundamental de la misma y no elimina ninguno de los nuevos delitos que introdujo esta ley reaccionaria del PP de 2015, que sólo tenía como objetivo reprimir más duramente aún la protesta social. Desarrollaremos nuestra crítica a esta reforma en un próximo artículo en nuestra página web. (NdE.)