Desde mediados de mayo los compañeros dirigentes de Podemos Irene Montero y Pablo Iglesias vienen sufriendo un asedio constante a su casa de Galapagar por parte de elementos de extrema derecha, entre los que se cuentan una concejala de Vox de la localidad y un conocido fascista de la vecina Brunete, ante la pasividad total de la Delegación del Gobierno en Madrid y del poder judicial, que sistemáticamente ha ignorado las denuncias presentadas por la pareja.

Será en marzo. Sin duda, el proceso viene marcado, e incluso motivado directamente, por el cambio vivido por la organización tras el acceso al cogobierno con el PSOE. Esta nueva situación ha supuesto un cambio drástico en las perspectivas barajadas hasta hace muy poco por la amplia mayoría de la izquierda acerca de la imposibilidad de alcanzar la participación en el gobierno. Esta idea se apoyaba en el supuesto veto de la clase dominante, encarnada en las empresas del IBEX 35, ante un Podemos que representaba un peligro “antisistema”.

El fracaso del primer intento de investidura de Sánchez ha mostrado dos cosas. La primera, que la negativa del PSOE a pactar con Unidas Podemos (UP) significa que no está dispuesto a introducir cambios significativos en las condiciones laborales y de vida de las familias obreras, como exigen los ricos y los patrones del Ibex35, pese a que UP ha reducido al mínimo sus exigencias programáticas; y la segunda, la incomprensible tozudez de la dirección de UP de querer entrar en un gobierno que no sólo no aplicará ninguna de sus promesas de campaña sino que también frustrará tarde o temprano las expectativas que tienen depositadas en él millones de trabajadores. Por eso, siempre hemos defendido que UP facilite la investidura de Sánchez y pase a la oposición, y así pueda tener las manos libres para agitar por su programa y movilizar por él en la calle. 

Las elecciones del 26 de mayo, municipales, autonómicas y europeas, han vuelto a confirmar la victoria de la izquierda en las elecciones generales del 28 de abril pasado. En las elecciones municipales, las más relevantes, la izquierda estatal y nacionalista consiguió el 48,7%, mientras que la derecha estatal y nacionalista alcanzó el 42%. En las elecciones europeas, con un nivel similar de participación, la victoria del bloque de izquierdas fue aun más marcada: 51,13% frente al 41,33%. Además de esto, están los votos de Junts (el partido de Puigdemont), más de 1 millón (el 4,58%), que sería incorrecto ubicarlos mecánicamente dentro de la derecha, puesto que fundamentalmente  tienen un carácter de reivindicación democrática y republicana y de rechazo al régimen del 78.