La primera vuelta de las elecciones presidenciales tunecinas del 15 de septiembre, calificada de «insurrección electoral», fue un golpe duro contra todos los partidos que, de un modo u otro, han gobernado el país desde el derrocamiento revolucionario de Ben Ali en 2011. Casi nueve años después y no se ha abordado ninguno de los problemas sociales y económicos que desencadenaron la revolución. Esto se vio a través de una mayor abstención (la participación fue de sólo el 45 por ciento, 18 puntos menos que en 2014) y dos candidatos «ajenos» al establishment que pasaron a la segunda vuelta, a pesar de que uno de ellos fue encarcelado por evasión fiscal durante la campaña.